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EE.UU: "Hay corrupción pública generalizada" en Venezuela

por MiamiDiario / Agencias el 21/09/2017 a las 10:14 horas

La Red Contra Delitos Financieros, una agencia del Departamento del Tesoro (FinCEN por sus siglas en inglés), solicitó a los bancos vigilar los contratos del gobierno de Venezuela, transferencias electrónicas de compañías ficticias y compras de bienes raíces en el sur de Florida y en Houston por parte de altos funcionarios venezolanos, por sus familia o sus asociados. La solicitud surgió a raíz de las preocupaciones expresadas por las instituciones financieras acerca de algunas transacciones que involucraron a empresas estatales estaban siendo utilizadas para blanquear sobornos.

"Las transacciones que involucran a agencias gubernamentales venezolanas y empresas estatales, en particular en contratos gubernamentales, pueden usarse potencialmente como vehículos para mover, lavar y ocultar el producto de la corrupción", alertó la FinCEN.

Entre las entidades estatales venezolanas mencionadas están el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), Suministros Venezolanos Industriales (Suvinca), el banco de comercio exterior Bancoex y el de desarrollo Bandes, así como las empresas de teléfonos CANTV y de energía Corpelec.

El documento incluye ejemplos de situaciones sospechosas: transacciones del gobierno dirigidas a cuentas personales, o que incluyan pagos de negocios no vinculados, depósitos en efectivo, facturas con cargos por encima de los precios de mercado, y pagos con contratos del gobierno que se originan en cuentas venezolanas no oficiales, en particular en jurisdicciones fuera de Venezuela.

Estas "banderas rojas", como las define, se derivan de información a disposición de la FinCEN a partir de información pública reportada y pueden ayudar a identificar esquemas de corrupción de funcionarios, familiares y asociados, indicó el documento.

Funcionarios estadounidenses temen que la corrupción afecte aún más a los venezolanos, que ya sufren una inflación de tres dígitos y escasez generalizada en medio de una crisis política agravada por la decisión de Maduro de rescribir la Constitución a pesar de constantes protestas de la población.

El mes pasado, el gobierno del presidente Trump impuso sanciones a Venezuela por la decisión de Maduro de continuar con sus planes de consolidarse en el poder. Las sanciones prohíben que los inversionistas compren la deuda de la nación e impiden que Citgo, una subsidiaria de la petrolera estatal con sede en Estados Unidos, envíe sus dividendos a Venezuela.

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"No todas las transacciones que involucran a Venezuela están relacionadas con la corrupción, sin embargo, en estos momentos, y durante un periodo de agitación en el país, las instituciones financieras necesitan continuar su vigilancia para ayudar a identificar y detener el flujo de ganancias corruptas y combatir el lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas", dijo Jamal El-Hinfi, director interino del FinCEN.

Maduro ha acusado a Estados Unidos de intentar imponer un "bloque" financiero a Venezuela luego de que las protestas de la oposición no lograron removerlo del poder. Incluso antes de la última ronda de sanciones estadounidenses, muchos bancos de Wall Street como Citibank y Credit Suisse, los cuales cobraban altos honorarios por servicios financieros a Venezuela, dejaron de hacer negocios con el gobierno, por temor a una acción legal o a perjudicar sus reputaciones.

La acción del miércoles enumera varias señales que ayudarán a los bancos a identificar sistemas peligrosos. Por ejemplo, cualquier transacción sobre contratos gubernamentales pagables a cuentas personales, compañías comerciales difíciles de localizar y productos con precios sustancialmente más altos que el del mercado.
También alerta sobre compras de bienes raíces, específicamente en el sur de Florida y en el área de Houston, que involucren a funcionarios del gobierno venezolano, a miembros de sus familias o de asociados que no tengan el salario para realizar compras de tal magnitud.

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Durante el año pasado, Estados Unidos ha sancionado a decenas de funcionarios venezolanos, incluyendo al propio Maduro, por diversas acusaciones, incluyendo tráfico de drogas y abusos a los derechos humanos. Entre las empresas estatales nombradas en las recientes sanciones se encuentran las compañías de luz y de teléfono, así como un banco de comercio exterior y la comisión de tipos de cambio que provee de dólares a algunos negocios e individuos a una tasa favorable, a la cual muchos venezolanos no tienen acceso a causa de los estrictos controles de divisas.

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