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FIFAgate, el entramado de corrupción que crece e involucra a los intocables

por Maibort Petit el 17/11/2017 a las 06:11 horas

En la medida en que se desarrolla el juicio contra exfuncionarios de la FIFA, salen a la luz más revelaciones acerca del descarado pago de coimas que se estableció como mecanismo para la obtención de los contratos de transmisión televisiva de los distintos torneos y competencias manejados por el organismo internacional para el cual, al parecer, el fútbol dejó de ser el objetivo principal, al ser este desplazado por los intereses de tipo comercial.

El mega caso de corrupción del fútbol internacional, conocido en los predios periodísticos como el FifaGate, se inició en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Allí, sentados en el banquillo de los acusados, están desde el pasado 13 de noviembre, tres exdirectivos de la organización, a saber, José María Marín (Brasil), Manuel Burga (Perú) y el exvicepresidente de la FIFA, Juan Ángel Napout (Paraguay).

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Estos hombres, ante la mirada atenta del jurado, comenzaron a presentar sus argumentos de defensa a través de sus representantes legales, mientras que el gobierno de los Estados Unidos representado por la fiscalía, da a conocer las evidencias que le sirven de sustento para acusarlos.

Durante los primeros días de juicio, el gobierno presentó como testigo a Alejandro Burzaco, propietario de la empresa Torneos y Competencias, quien explicó que desde el mismo momento en que murió en 2014 el jerarca del fútbol argentino, Julio Grondona, comenzaron a discutirse las nuevas maneras cómo habrían de repartirse las coimas que en vida administraba el presidente vitalicio de la Asociación del Fútbol Argentino. El testigo precisó que estas conversaciones comenzaron en el propio funeral de Grondona.

Esta historia comenzó hace dos años y medio atrás, específicamente el 27 de mayo de 2015, cuando en un hotel de Zurich, Suiza, fueron arrestadas 42 personas -todos poderosos y millonarios jerarcas del fútbol mundial- a petición del gobierno de los Estados Unidos que les acusaba de cometer supuestos hechos de corrupción dentro del principal órgano rector del fútbol a escala internacional, la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA, por las siglas en francés de Fédération Internationale de Football Association). Sin embargo, de todas estas personas, sólo tres -como ya hemos señalado- han decidido enfrentar a la fiscalía de los Estados Unidos al insistir en que son inocentes de los cargos que se les imputa al señalárseles de participar en un extenso esquema de corrupción consistente en el pago de sobornos para favorecer a una empresa de marketing de derechos deportivos para asegurarle jugosos contratos para la transmisión de juegos de fútbol a nivel internacional.

Previo a este señalado día 13 de noviembre, los abogados de los acusados, la fiscalía, y la jueza del caso, Pamela Chen, procedieron a escoger durante cuatro días -partiendo el 6 de noviembre- a los doce integrantes del jurado y seis suplentes encargados de decidir si los imputados son inocentes o culpables.

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De las 42 personas inicialmente señaladas por el gobierno estadounidense, 24 se declararon culpables acordaron colaborar con la justicia, dos han sido ya sentenciados y otros 15 bregan desde distintos lugares del mundo para evitar ser extraditados a los Estados Unidos o ya están siendo juzgados en sus respectivos países.

Los abogados de Marín, Burga y  Napout batallan para refutar los hechos presentados por la fiscalía a lo largo de las 236 páginas que comprenden la acusación donde detallan cómo supuestamente cometieron 92 crímenes en 15 esquemas de corrupción llevado a cabo por separados y que les habrían permitido embolsillarse más de 200 millones de dólares en sobornos. Y es que el gobierno insiste en que los acusados son culpables de los cargos de corrupción, lavado de dinero y fraude bancario cuando recibieron coimas millonarias a objeto de que aprobaran contratos de televisación y marketing de partidos clasificatorios para el Mundial de Fútbol y otros torneos nacionales y regionales.

José María Marín, Manuel Burga y Juan Ángel Napout se encuentran en prisión domiciliaria desde la fecha de su detención, toda vez que tuvieron que pagar fianzas millonarias que les permitieran enfrentar el proceso fuera de las rejas. Marín canceló 15 millones de dólares de fianza, Napout pagó 20 millones, mientras que Burga erogó dos millones de dólares.

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