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La ruleta rusa de desaparecer en Venezuela

por Andrea Tosta/ El estímulo el 21/09/2017 a las 02:44 horas

"Estoy metido en un problema". Con esa frase, Alcedo Mora abrió la última conversación seria que sostuvo con sus dos hijos varones, una semana antes de desaparecer. El mayor, de 28 años y quien porta su nombre y su apellido aunque le llaman Luis, recuerda como si fuera ayer el nerviosismo inusual que se colaba en su voz. "Prefiero que me den un tiro a que me torturen", les decía y les ordenó que lo buscarán hasta "debajo de las piedras" si sucedía. Ni la prisión ni la muerte le asustaban tanto. La desaparición era su mayor miedo.

Y pasó el 27 de febrero de 2015, cuando no regresó a casa luego de una reunión que sostendría en la Gobernación de Mérida, donde trabajaba como asistente de la Secretaria General de Gobierno. Ese día se despidió de su hijo menor con un abrazo, un beso en la mejilla y una advertencia: "Cualquier cosa, si no llego a la casa dentro de dos días muévanse, porque me jodieron". Su caso se mediatizó cuando se difundió un mensaje que corrió por las redes sociales, donde advertía que "la cosa era complicada" y que querían "montarle una olla" por sus investigaciones a la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).

Se ausentó sin quererlo, pero lo previó y lo comunicó. Mora tenía meses escarbando sobre el desvío de gasolina por la frontera andina hacia Colombia. Pdvsa era la protagonista de sus indagaciones en el contrabando del oro negro. Aunque creía en el proceso bolivariano que impulsó el fallecido Hugo Chávez -pertenecía al Partido de la Revolución Venezolana Ruptura (PRV Ruptura)-, no estaba de acuerdo con el desfalco de capitales y la vista de gorda de los burócratas. cita-desaparecidos-2 En la actualidad, es uno más de los individuos cuya corporeidad se eclipsó. No dejó rastro de su ubicación ni se encuentra información sobre su estado de salud por parte de las autoridades. Las desapariciones son una estrategia destinada a generar terror general, presente en el país desde la década de los 60, que continuó en los 80 y 90 en menor cantidad, relacionadas en la lucha contra el delito común, explica Inti Rodríguez, investigador de Provea, en TalCual.

Alcedo Mora fue uno de los tres casos registrados en 2015, y estrechamente relacionado con política. Ni las Naciones Unidas ni las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) dedicadas a esos temas tienen certeza del número de personas en dicho estado para la fecha. Sin embargo, se conoce que entre el año 2000 y 2016 se registraron 141 casos de desapariciones, de acuerdo con Provea.

Apenas un año antes, las desapariciones de José Rivas, Marco Monasterio, Oscar Romero y Roberto Hernández, prendieron las alarmas nacionales. Se presume que desaparecieron a manos de agentes de distintos cuerpos de seguridad pública entre las fechas 21 y 23 de diciembre de 1999, durante la tragedia de las lluvias en el estado Vargas. La voz se elevó dentro y fuera del país, en especial con el caso de Hernández, para el que Provea introdujo el recurso de Habeas Corpus, el último posible, en que solicitaban el cuerpo del individuo, vivo o muerto. El informe de la CIDH indica que Hernández fue detenido arbitrariamente por funcionarios de la Disip 23 de diciembre de 1999, cuando se encontraba en la residencia de su tío, en Caraballeda, Vargas. Según testigos, los funcionarios descendieron de un vehículo rústico, color amarillo, identificado con el logotipo de la Disip. Sin identificarse y sin orden judicial, procedieron a allanar el domicilio y se llevaron detenido al ciudadano. El tío de la víctima, Carlos Paz, escuchó un disparo y los gritos de Hernández suplicando que no lo mataran. Fue montado herido en el vehículo y sacado de la zona sin informar a nadie las razones de su detención.

Sin embargo, desde la esquina institucional, la detención nunca ocurrió. El director de la Disip para entonces, Jesús Urdaneta Hernández, negó que alguno de sus funcionarios hubiera ejecutado la aprehensión. Con esa alegación, el Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del estado Vargas declaró "no tener materia sobre la cual decidir". El caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2004, que lo asumió de oficio dada la "gravedad del asunto", en lugar de otorgar medidas cautelares, y solicitó al Estado venezolano información sobre el paradero de este ciudadano. Hasta ahora, se desconoce.

Hechos como el de Hernández entraban en un limbo legal por la falta de tipificación de la desaparición forzosa en la legislatura venezolana. El abogado penalista y vicepresidente de Fundando Derechos Civiles y Equidad (Fundeci), Joel García, explica que se contempló en el Código Penal en 2005 y el titular de la acción penal en Venezuela sobre la materia es el Ministerio Público. A través de la Dirección de Derechos Fundamentales, se encarga de preservar, garantizar o investigar hechos que atenten contra ellos, "amén de que la Defensoría también inicie denuncias por estos aspectos", agrega. Y cuando las instancias nacionales fallan en la resolución de problemas, aparecen los sistemas internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estado Americanos (OEA), o el Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. 

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