Inmigración ilegal: żUn negocio?

Así lo seńala Marianela Toledo en un artículo que puede leer a continuación:

La propuesta de ley 2038, que se estudia en el senado privatizaría 27 prisiones y centros de reclusión desde el sur de Orlando hasta los Cayos. Más de 4.300 trabajadores estatales podrían perder sus trabajos. Aunque a muchos de ellos se les podría ofrecer su plaza laboral nuevamente, el empleo ya no tendría los beneficios que ofrece el sector público. En Florida, existen 7 prisiones operadas en forma privada.

La propuesta de ley contempla la construcción de lo que seria una de las prisiones privadas más grandes del país, para albergar a detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la Ciudad de Southwest Ranches, ubicada una 20 millas al Oeste de Fort Lauderdale.

La congresista y presidenta del Comité Nacional Demócrata Debbie Wasserman Schultz y el senador por Florida Bill Nelson apoyan públicamente la construcción, a pesar que grupos de derechos humanos sostienen que el sistema privatizado de cárceles no ha proporcionado ningún ahorro a los contribuyentes y que el proyecto contribuye a la desintegración familiar y al maltrato de inmigrantes indocumentados. Según un estudio independiente, presentado en abril de 2010 en la legislatura, el único ahorro que podrían traer la construcción y operación de una cárcel privada, estaría basando en el recorte a los beneficios de los trabajadores carcelarios.

Grupos defensores de derechos civiles recolectaron 11 mil firmas de personas que se oponen a la construcción, pero la Congresista se negó a reunirse con ellos.

Mientras la Ciudad de Pembroke Pines, contigua a Southwest Ranches, interpuso una demanda contra Corrections Corporations of America (CCA), la empresa a cargo del proyecto, donde se niegan a proporcionarle los servicios de agua y alcantarillado.

CCA, contrademandó a la Ciudad de Pembroke Pines, para que restablezca esos servicios.

Florida Watchdog, quiso consultar con los comisionados de la ciudad de Pembroke Pines, pero ellos se negaron debido a la construcción de la prisión se encuentra bajo el litigio legal. Responsables de CCA no respondieron a nuestras llamadas.

En 2011, la congresista Wasserman Schultz y el senador Bill Nelson firmaron una carta apoyando la construcción de la prisión en la Ciudad de Southwest Ranches.

La presión ejercida por grupos de derechos civiles, puedo haber persuadido al senador Nelson, quien en enero escribió una carta a ICE, expresando su preocupación por el proyecto de la prisión. En la carta, Nelson preguntó si el centro correccional era necesario y el impacto que podría tener en las centros existentes de ICE, al mismo tiempo que retransmitió la preocupación de los residentes locales. El Servicio de Inmigración y Aduanas respondió alegando una fuerte participación comunitaria en la decisión tomada.

Las prisiones privadas

Corrections Corporations of America y Geo Group, son las dos compańías más grandes del país que operan cárceles privadas. En la ultima década, el Partido Republicano de Florida ha sido el mayor receptor de los donativos de ambas compańías.

Aportando en total unos 1.8 millones de dólares, para campanas de candidatos y comités en los últimos tres ciclos electorales.

Una investigación de las finanzas de campańa muestra que el GEO GROUP, donó mas de 11 mil dólares directamente a campanas de 14 de los 20 miembros del Comité de Presupuesto que aprobaron la propuesta en primera instancia. Según un reporte de Think Progress  en 2010, las dos compańas obtuvieron ingresos combinados por $2.900 millones.

En Estados Unidos existen unas 2 millones de personas reclutadas en prisiones, o centros correccionales, de acuerdo al California Prison Focus.   Según grupos de derechos humanos, a pesar de los índices de criminalidad bajan, las sentencias aumentan. Según ellos esto responde solo a un interés económico.

El gobernando Rick Scott, vetó hace apenas uno días un proyecto de ley que hubiera permitido a reclusos condenados por delitos no violentos que tienen problemas de abuso de drogas, ingresar en programas de rehabilitación después de haber completado la mitad de sus condenas. Scott, basó su decisión en el artículo III, sección 8 de la Constitución de Florida, que seńala que los convictos deben cumplir el 85% de sus sentencias en prisión.