Varias organizaciones estadounidenses a favor de los inmigrantes demandaron a la Casa Blanca por facilitar las deportaciones y violar la Ley de Inmigración y Nacionalidad, ante la Corte Federal de Washington.
Por Redacción Miami Diario
La política migratoria que está en vigencia desde el pasado 23 de julio, a través de la cual los funcionarios realizan una deportación rápida sin el derecho a comparecer ante un juez o tener acceso a un abogado, es la que fue objeto de la demanda de las ONGs en pro de los inmigrantes.
Una de las razones que exponen los demandantes es que esa política migratoria -de la administración Donald Trump- viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad, además de la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, debido a que le quita a las personas “una valiosa oportunidad” de defenderse de la expulsión antes de ser deportados.
Asimismo, las organizaciones aducen que viola las leyes que exigen que los no ciudadanos que son presentados ante un oficial o juez de Inmigración sean representados por un abogado.
Otro de los motivos que formulan es que el proceso administrativo no fue correcto, además violó la ley, ya que entró en efecto de inmediato, sin una notificación previa o un período de comentarios.
Para las organizaciones demandantes, la expansión de la deportación rápida tiene como objetivo a inmigrantes que no pueden probar que han residido de forma continua -durante los dos últimos años o más- en los Estados Unidos.
Antes de la existencia de esta nueva legislación, la deportación rápida sólo se aplicaba a inmigrantes detenidos a 150 kilómetros de la frontera, a quienes llegaban por mar o que hubiesen estado en el país durante catorce días o menos, así explica
Las organizaciones aseveran que la deportación rápida es “arbitraria y caprichosa”, y además la Casa Blanca dio razones inadecuadas para justificar esa decisión.
Las organizaciones que presentaron la demanda fueron Se Hace Camino Nueva York, la Unión del Pueblo Entero (LUPE) y We Count!, representados por la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
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